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Funcionarios y abogado exigían whisky y dinero a familiares de presos de la cárcel El Rodeo

Funcionarios y abogado exigían whisky y dinero a familiares de presos de la cárcel El Rodeo

Entre dinero y botellas whisky era el pago que siete funcionarios y un abogado en libre ejercicio exigían a familiares de personas privadas de la libertad (PPL) con la finalidad de otorgar beneficios penitenciarios en la Cárcel el Rodeo.

Así lo evidenció un perito, quien ahora deberá testificar dentro del proceso legal que se investiga.

Los analizaban

Los pagos, calificados como “ayudas” que iban desde las 300 y 500 “gambas” y de 3 a 5 “lucas”, se realizaban dependiendo de la capacidad económica de cada familia.

Según se pudo evidenciar en la reproducción de los audios extraídos de los celulares incautados, mismos que constan en la pericia de audio y video, la cual fue practicada por el experto criminalístico, quien fue llamado por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, a testificar en el cuarto día de juzgamiento del caso “El Rodeo”, que se desarrolló este jueves 19 de noviembre.

La intervención del perito duró más de cinco horas, en la que sustentó su experticia de 621 hojas, relacionada con la transcripción de conversaciones de whatsApp, ante el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí.

Con aquellos mensajes, el perito pudo demostrar la forma cómo se exigía dinero a las víctimas y cómo se lo repartían entre algunos de los acusados. 500 dólares era lo mínimo que exigían, según las conversaciones extraídas.

A medida que avanzó la tarde y noche, comparecieron cuatro testigos más.

De los cuales tres conformaron el equipo técnico de la Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), los mismos que analizaron 91 carpetas de privados de la libertad, que habrían solicitado un beneficio penitenciario.

En sus testimonios, relataron el proceso de análisis y la identificación de incumplimientos de requisitos de ley en 61 carpetas, como la ausencia de certificados psicológicos, índice de proclividad delictógena, de acogida familiar, certificados de permanencia judicializaciones sin el informe previo del SNAI, entre otros.

Con la información proporcionada por los testigos ante el Tribunal Penal, se sustenta la teoría del caso de Fiscalía.

Es decir, que los siete funcionarios públicos y un abogado en libre ejercicio, se habrían asociado para exigir dinero y botellas de wisky a cambio de un servicio público que por ley es gratuito.

La Fiscalía General del Estado procesó a ocho personas, en la diligencia que se reinstaló de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional, siete como autores y uno como coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, de los cuales todos son abogados, tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, cuatro funcionarios públicos del SNAI y uno en libre ejercicio de la profesión.

Fuente: Infórmate Manabí

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