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Comité de Ética de la Asamblea Nacional de Ecuador resurge tras diez años extinto

Comité de Ética de la Asamblea Nacional de Ecuador resurge tras diez años extinto

Con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vigentes desde el 6 de noviembre de 2020, resurge el Comité de Ética de la Asamblea Nacional que fue eliminado, primero, en la Constitución de 2008, y luego, de la Ley que rige al Parlamento, en el 2009, por el llamado “Congresillo”.

Antes del 2008, el organismo que actuaba como tribunal de juzgamiento de los legisladores se llamaba Comité de Excusas y Calificaciones.

 

El exdiputado Hugo Ruiz (ID) fue el último presidente de ese organismo. Afirma que hicieron un trabajo “histórico” porque por primera vez se castigaba a los diputados por hechos de corrupción e, inclusive, por los “cambios de camiseta” (de partidos).

En agosto de 2012, la exasambleísta Cynthia Viteri (PSC) intentó aprobar un Código de Ética a través de un proyecto de Ley que creaba un Comité de Disciplina, pero la Comisión de Justicia, presidida entonces por Mauro Andino (AP), archivó la propuesta por considerar que existen disposiciones constitucionales y legales claras para regular el comportamiento de los asambleístas.

La creación de este nuevo Comité de Ética, liderado por el legislador Fernando Callejas (CREO), surgió por una iniciativa presentada en el 2018 por el exasambleísta Eliseo Azuero (BADI), hoy procesado por corrupción. Su propuesta fue incorporada en las reformas a la Ley de la Legislatura.

Callejas señala que este Comité actuará “sin favor ni temor”, pero aclara que la investigación a un asambleísta partirá con la presentación de una denuncia hecha por un legislador o un servidor legislativo, cumpliendo algunos requisitos. El cuerpo colegiado no podrá actuar de oficio.

Actualmente, un asambleísta puede ser juzgado por gestionar nombramientos de cargos públicos; cobrar diezmos a sus colaboradores; ofrecer, recibir o administrar recursos del presupuesto del Estado; celebrar contratos con entidades del sector público, entre otras.

La existencia de un Comité de Ética, según el exdiputado demócrata popular Ramiro Rivera, quien fue miembro del último Comité, tiene riesgos, por ejemplo, de que termine configurándose “un espíritu de cuerpo”, pues es una “puerta hacia la impunidad y complicidad”, o que sea un “arma de una mayoría para castigar a la minoría” o para extorsión.

En lo que va la vida democrática del país, en la Función Legislativa se registraron dos grandes depuraciones de asambleístas.

En 1997 se destituyó a 16 legisladores involucrados en la llamada Red Peñaranda, con la participación del exdiputado roldosista Santiago Bucaram.

La segunda fue en abril de 2005 cuando fueron destituidos once diputados tras el surgimiento de la llamada ‘Pichi Corte’, tras un acuerdo entre el exmandatario Lucio Gutiérrez y los roldosistas.

El Comité de Excusas que funcionaba entonces, y que lo integraban catorce diputados, entre ellos Sylka Sánchez (del extinto Prian), Pascual del Cioppo (PSC), Ramiro Rivera (DP), Hugo Ruiz (ID), Jorge Montero (CFP), Mario Touma (PRE) y Segundo Serrano (PSE), también procesó denuncias de escándalos como el sucedido en un hotel en Lima, en el 2005, cuando cuatro legisladores: María Augusta Rivas, Franklin Sanmartín, Jacobo Sanmiguel e Iván Vásquez, causaron destrozos e incluso hubo un intento de abuso sexual.

También fue destituida Sandra Sandoval (del desaparecido Prian), por abuso de su investidura al tramitar en el Consulado de México dos visas para supuestos asesores que no volvieron.

Y Gilmar Gutiérrez (PSP), por una donación china de equipos deportivos que llegaron a su nombre y por un supuesto tráfico de visas para chinos.

Otros casos no pasaron, como aquel en contra del exdiputado, León Febres-Cordero (PSC), acusado de agresión por René Borbúa (PSP). Tampoco uno contra Salvador Quishpe (PK), acusado de gestionar cargos públicos que hasta notarizó; o el de Alfonso Harb (PSC), por exhibir un arma dentro del pleno.

Integrantes del nuevo Comité de Ética

Fernando Callejas
Asambleísta de CREO por Tungurahua. Es el presidente del Comité de Ética, integró una comisión mutipartidista creada para investigar a la exlegisladora Sofía Espín (RC), quien fue destituida por incompatibilidad de funciones.

Eddy Peñafiel
Asambleísta representante de Orellana, fue expulsado del movimiento Pachakutik tras votar a favor del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario. Hoy permanece dentro de la Bancada de Integración Nacional (BIN).

Brenda Flor Gil
Asambleísta representante de la provincia de Galápagos por Alianza PAIS, fue incluida dentro de una lista de legisladores que supuestamente cobraban diezmos a sus colaboradores, pero ella desmintió esa versión ante la prensa.

Patricia Henríquez
Representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano (PSC); actualmente integra la Comisión del Derecho a la Salud en la Asamblea. Coordinó la sesión de instalación del nuevo Comité de Ética.

Hermuy Calle
Representante de Chimborazo por el correísmo; la Contraloría pidió su destitución por usar instalaciones de la Espoch con fines proselitistas en el 2017. Apeló en el Contencioso Administrativo.

Fuente: El Universo

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